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El Gobierno frena a la minera Berkeley y se blinda ante una batalla legal por el uranio de Retortillo

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La nueva Ley de Cambio Climático deja sin efecto una treintena de permisos de investigación en España. El PP insistirá con sus enmiendas en el Senado y retrasa la aprobación de la norma.

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la presentación del Plan Moves III.
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la presentación del Plan Moves III.

El Gobierno frena la actividad de la minera australiana Berkeley en España tras conseguir que su Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica haya superado el trámite parlamentario en el Congreso. La última versión de la norma, que se enfrenta ahora a una revisión exprés en el Senado, incluye una enmienda que reza que a partir de su entrada en vigor "no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas [...] cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles". Además, añade en un segundo punto, tampoco se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos.

La literalidad de la ley deja sin validez casi una treintena de los permisos de investigación que el grupo tiene solicitados en España de forma adicional a su gran proyecto para extraer uranio en el municipio salmantino de Retortillo, lo que limita fuertemente su actividad y potencial crecimiento. En relación con la mina, las fuentes consultadas explican que la nueva Ley no afectará al actual proceso de tramitación para su explotación y proceso del uranio, si bien en el Gobierno mantienen su oposición al proyecto. Sí que, en el caso de que recibiera el visto bueno final por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva normativa restringe la actividad de la mina a un máximo de 14 años de operación al impedir su prórroga.

La enmienda fue introducida de forma conjunta por los grupos parlamentarios PSOE y Podemos, aunque según fuentes parlamentarias consultadas por EL MUNDO su redacción fue directamente supervisada por la Abogacía del Estado. El texto sustituye a otra enmienda de los mismos grupos que proponía la paralización directa de la actividad y dejaba en suspenso el proceso de otorgamiento de licencia emprendido por Berkeley en 2016. La empresa ya había avisado de que su aprobación hubiera dado lugar a un arbitraje internacional entre las partes próximo a los 500 millones de euros, por lo que con el paso atrás el Ejecutivo mantiene su presión sobre la mina pero evita por ahora el pleito y el impacto reputacional que podría haber sufrido sobre grandes inversores en plena crisis económica.

El grupo australiano, que cotiza en Bolsa y lleva meses subido en una auténtica montaña rusa por la incertidumbre en torno a la concesión, respira aliviado porque cree que la nueva versión de la Ley evitará su suspensión política y dejará todo el poder de decisión a los técnicos. Y aquí, con 120 informes obtenidos en cinco años de trabajo burocrático, creen que su proyecto sí verá la luz a pesar de las reticencias actuales.

En estos momentos, el proceso se encuentra estancado a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) resuelva si autoriza o no la construcción de la mina, un paso fundamental para que el proceso avance y llegue a la mesa de la propia Ribera. Ésta tendrá que decidir si le concede en último término la licencia de explotación.

El presidente del regulador, Josep María Serena, explicó el pasado lunes en el Congreso que el proceso avanza lentamente por la deficiencia en la información remitida por la empresa, que ha motivado continuos requerimientos. En la parte inversora, sin embargo, sospechan que el CSN está retrasando la aprobación hasta que la Ley de Cambio Climático sea aprobada, facilitando en este caso el No del Gobierno de Pedro Sánchez amparado en la nueva regulación. La tensión es tal que el propio Serena ha denunciado presiones por parte de la empresa y el despacho de abogados Herbert Smith Freehills para acelerar un proyecto que lleva un lustro en tramitación.

La empresa asegura que ya ha realizado una inversión próxima a los 94 millones de euros en el proyecto y solo tiene interés en conocer el estado real del procedimiento. El Gobierno de España, por su parte, ya ha activado a la Abogacía General del Estado para su potencial defensa. Este cuerpo ha sido reconocido recientemente como uno de los mejores equipos de arbitraje del mundo por JusMundi por el trabajo de defensa del país realizado frente a las decenas de arbitrajes internacionales recibidos por España por el recorte de las primas a las renovables.

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